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La Audiencia Nacional obliga a la Confederación a restaurar Gillón

Insta al organismo a ejecutar de forma subsidiaria los trabajos para que los terrenos del valle recuperen su estado primitivo

La Audiencia Nacional ha estimado en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos y Amigos de Valles de Gillón-Fuentes del Narcea contra la inactividad de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) sobre la restitución de terrenos en el valle de Gillón, en Cangas del Narcea, donde operó la compañía minera Antracitas de Gillón. La sentencia fija «la obligación de la Confederación de llevar a cabo, por la vía de la ejecución subsidiaria», la reposición de los terrenos a su estado primitivo.


El fallo, contra el que cabe recurso de casación, viene a confirmar de nuevo que la restauración no se llevó a cabo -como por el contrario consta en varios informes tanto del Gobierno regional, como de la CHC y del Instituto del Carbón-. Todo ello a pesar de que de los 41 millones de euros recibidos por la empresa en concepto de ayudas al cierre, justificó haber destinado 1,5 a la restauración de las escombreras.


El texto recoge las diferentes multas coercitivas que en su momento se impusieron a la empresa por los incumplimientos, «mientras la Confederación miraba hacia otro lado», señalo ayer el portavoz de la asociación, Segundo Menéndez. Ahora, dice, «la justicia condena a la Confederación a la restauración subsidiaria, cueste lo que cueste».


Los vecinos están satisfechos, pero critican la actuación de las diferentes administraciones en todo el proceso. Creen que ha existido «dejación de funciones» que deriva en que «seamos los ciudadanos los que tengamos que pagarlo ahora».


Y es que según sus cálculos, teniendo en cuenta las diferentes causas que hay relacionadas con el asunto, la cantidad total que tendrán que desembolsar las administraciones podría ascender a los 12 millones de euros. De ellos, al menos 6 millones, corresponden al Principado, condenado solidariamente junto a la empresa por los daños en viviendas provocados por la extracción minera. A esto habría que sumar la restauración de las escombreras.


Los vecinos mantienen otra lucha contra la empresa, que ya no existe como tal, por los terrenos y fincas ocupadas. Tras una sentencia favorable han tenido que presentar un recurso contra las que les constan como empresas filiales. «Si nosotros podemos, el Gobierno del Principado debería hacerlo», argumenta Menéndez. De no ser así, no descartan presentar una nueva demanda contra el Gobierno regional «por dejación de funciones».


Podéis leer el original de la noticia pinchando aquí.

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