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El juez declara nula la licencia que permitía los derribos en La Camocha

La sentencia da la razón al colectivo vecinal y concluye que era necesario contar con un Plan Especial y un informe de Cultura


Dos años después de que la Agrupación de Colectivos Asturianos lograra paralizar las obras de derribo que habían comenzado en las antiguas instalaciones de Mina La Camocha, han conseguido que un juez les de la razón. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón ha dictado sentencia, declarando nula la licencia municipal otorgada a la empresa Logiscrap para llevar a cabo aquellos derribos, tal y como han defendido siempre los colectivos vecinales. Por su parte, la empresa, como los administradores concursales de la mina y el propio Ayuntamiento, siempre habían defendido que los derribos solo afectaban a los elementos no catalogados.


Estuvieran o no catalogados, el fallo concluye que antes de aprobar esos trabajos, era necesario contar con un Plan Especial. Es, decir, «ineludible, pues es el instrumento de ordenación previsto en el PGO y en el Catálogo Urbanístico para dar cobertura legal a dicha licencia». Según el juez, el Plan Especial no debe regular solo los elementos protegidos, sino «la ordenación de todo el ámbito». De hecho, la propia ficha del catálogo indica que «se procederá a la redacción de un Plan Especial». Por tanto, «la concesión de la licencia no es conforme a derecho».


El magistrado ve «una segunda infracción legal, consistente en la concesión de la licencia sin el informe favorable de la Consejería de Cultura», necesaria «en atención al interés patrimonial».


La sentencia admite recurso, aunque es posible que este asunto, que se inició en diciembre de 2011, aún no haya finalizado. Fue entonces cuando Logistrap (adjudicataria de las demoliciones) solicitó los permisos, que le fueron denegados un año después. La compañía recurrió la denegación, defendiendo que no se eliminaría ningún elemento protegido en el Catálogo Urbanístico. Llama la atención que en el recurso, los administradores concursales defendían que habían ido «de la mano de esa Corporación Municipal», la en referencia a la última de Paz Fernández Felgueroso, «no dando un solo paso adelante sin antes consensuarlo con la misma». Hacen referencia a reuniones con Felgueroso y a una visita a la mina, donde estaba «el concejal señor Venturo y no menos de seis técnicos municipales» en la que se acordó los elementos que habría que conservar y que no habría «ningún óbice de tipo formal que impidiese la demolición del resto de edificaciones no catalogadas».


En agosto de 2012, la jefa del Servicio de Ciencias y Disciplina Urbanística emitió informe favorable a la concesión de la licencia, por lo que el gobierno de Foro Asturias ahora en funciones así lo aprobó. Meses depués, el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y la Asociación de Vecinos San Emiliano de Vega denunciaron esa concesión y la Agrupación de Colectivo pidió la suspensión cautelar de las obras. Gracias a la colaboración ciudadana y en gran parte de la CSI consiguieron los 6.000 euros que les pidió el juez como finaza. Ahora, piden responsabilidades a quienes hicieron posible aquella licencia.


Podéis leer el original de la noticia aquí.

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