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Urbanismo vulneró la legalidad al autorizar derribos en Mina La Camocha

Colectivos asturianos instará al Principado a que pida responsabilidades al Ayuntamiento, tras la sentencia firme del Tribunal Superior que les da la razón


M. Castro La licencia que concedió en agosto de 2012 el Ayuntamiento a la empresa Logiscrap para demoler y achatarrar parte de las antiguas instalaciones de Mina La Camocha supuso "una infracción de la normativa", según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada la semana pasada. La sentencia declara firme la del juzgado de lo contencionso de Gijón, que en mayo anuló la citada licencia. El TSJA rechaza los recursos presentados por el Ayuntamiento y por la administración concursal de Mina La Camocha y los condena en costas.


El fallo permitirá salvar de la piqueta, entre otras instalaciones, el castillete del pozo dos de la antigua explotación, del que expertos en arqueología industrial han destacado su singularidad. No ha sido posible, en cambio, evitar la demolición de otro elemento relevante del conjunto industrial, como era el lavadero, que fue echado abajo antes de que se paralizaran cautelarmente los derribos tras el recurso judicial presentado por la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA).


La sentencia del Tribunal Superior recuerda que tanto la ficha municipal del Catálogo de edificios protegidos como informes de la Consejería de Cultura, vinculantes, recordaban al Ayuntamiento que cualquier actuación en Mina La Camocha requería previamente el desarrollo de un plan especial para determinar qué elementos debían conservarse.


Tras la sentencia, ACA prevé pedir que se depuren responsabilidades por una licencia concedida por la exconcejal de urbanismo, Lucía García, con un informe de una alta funcionaria de su área, contradictorio con otros informes municipales.


El abogado que representa a ACA, Javier Calzadilla, indicó que la fórmula para promover esa petición de responsabilidades pasa por solicitar que la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Principado valore los daños causados por la demolición parcial de las instalaciones mineras, para pedir a continuación que se deriven las responsabilidades oportunas al Ayuntamiento de Gijón.


ACA pudo llevar adelante su reclamación judicial gracias al apoyo del sindicato CSI, profesores universitarios y otros particulares, que aportaron los 6.000 euros de fianza que les habían impuesto para poder demandar, dinero que ahora les reintegrarán, una vez que lo devuelva el juzgado.


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